El sustantivo “casta”, que con buen marketing impuso Javier Milei, no es un invento libertario. Se trata de un ordenamiento social de orígenes ancestrales que se remonta al Holoceno e incluso se encuentran referencias en el Pleistoceno tardío. Es decir, desde las primeras huellas del hombre moderno.

Más cerca en la historia, es un concepto que estuvo muy arraigado en el sur de Asia y que aún sigue vigente en algunas regiones, como en las zonas rurales de la India.

En América fueron los portugueses los que importaron esa clasificación, y en menor medida también los españoles, aunque focalizada en jerarquías raciales de acuerdo a su ascendencia europea, indígena o africana, o a las diferentes mezclas entre ellas.

Los pueblos originarios que habitaban el continente antes de la colonización europea también estaban organizados en castas, en este caso más relacionadas a su significado lingüístico, que hace referencia al linaje, a la estirpe, a la herencia. Eran sociedades monárquicas donde en su mayoría el poder era hereditario.

En el sentido anarco-libertario que le otorga el Presidente apunta más a las castas políticas, aunque más preciso sería llamarlas castas estatales.

En Argentina existían castas aún antes de que fuera Argentina y mucho antes de las castas estatales, en un reparto de poder más ligado a una plutocracia, donde una sociedad es controlada por una minoría más acaudalada. Es la famosa y denostada oligarquía, una forma degenerada y negativa de la aristocracia, herencia del viejo continente.

El poder plutocrático siempre estuvo en constante tensión con la democracia y para entenderlo en profundidad debemos remontarnos a los griegos. Incluso poco se sabe que la democracia que inventaron los griegos también eran capas de castas, sectarias y selectivas, donde una mayoría esclava no tenía voz ni voto.

Desde fines del Siglo XIX, pero más frontalmente desde principios del Siglo XX, la democracia argentina comenzó a interpelar a los poderes concentrados, en manos de la aristocracia hereditaria y de los grupos económicos dominantes, locales y extranjeros.

Allí empieza a tomar cuerpo el Estado que hoy conocemos, más que nada a partir de la implementación de la Ley Sáenz Peña con el voto universal, secreto y obligatorio.

La nobleza en el Estado

Lo que comenzó como una herramienta de compensación de poderes e ingresos entre ricos y pobres, donde el Estado oficiaba como el distribuidor natural de bienes y servicios, ocupando los intersticios más desiguales de la sociedad, allá donde el derrame capitalista no llegaba, terminó generando una sucesión de capas burocráticas, costosas e ineficientes que derivó en una especie de nueva clase social: la nobleza estatal.

Al igual que lo que comenzó confrontando, la plutocracia de la oligarquía, la nobleza estatal se transformó en un espejo de su adversario: hereditaria, con un nepotismo exacerbado en los tres poderes del sistema republicano, discrecional en la distribución de la riqueza, es decir tan o más injusta, corrupta, incompetente, deficitaria, y con el tiempo inviable económica y financieramente.

La nobleza estatal argentina creció exponencialmente en el último siglo al amparo de un sistema dimorfista, ambiguo y contradictorio, con un Estado con pretensiones socialistas, tanto en gobiernos de derecha como populistas, que sin excepción agigantaron el gasto público, y al mismo tiempo promotor de un capitalismo prebendario, donde coexisten un sector privado que no compite, que no propicia el libre mercado, cartelizado y monopólico en gran parte, en connivencia con la nueva nobleza estatal, los nuevos ricos, los nuevos señores feudales: congresistas, funcionarios judiciales y políticos en general.

Una caja negra

El sistema republicano argentino costará 350.000 millones de pesos este año, unos 30.000 millones por mes. Casi la mitad lo insume la Corte Suprema de la Nación ($ 170.000 millones), y el resto se reparte entre el Congreso nacional ($ 110.000 millones) y el Poder Ejecutivo, con 68.000 millones.

El 91% del gasto de la Corte se destina a sueldos ($ 150.000 millones), a razón de 5.000 empleados en planta permanente y un número indeterminado de transitorios, con salarios promedios de $ 2,5 millones mensuales, que van desde $ 600.000 hasta más de 12 millones.

El presupuesto de la Corte no incluye al resto del Poder Judicial federal, cuyo presupuesto depende del Consejo de la Magistratura, y asciende a 653.000 millones de pesos, casi 10 veces más que el PEN, y donde también más del 90% lo representa el gasto en personal.

En total, entre la Corte Suprema y el Poder Judicial gastarán este año (más ajustes por inflación) 823.000 millones de pesos, 68.000 millones por mes, con salarios que oscilan entre $ 500.000, para un ordenanza por ejemplo, hasta más de 20 millones de pesos, como puede ser un camarista federal con mucha antigüedad. Y sin pagar Ganancias.

Casi un billón de pesos por año nos cuesta a los argentinos un servicio de justicia que deja bastante que desear.

En realidad es mucho más de un billón si se le suman los 23 poderes judiciales provinciales (cientos de miles de millones de pesos), con el agregado de que a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires la financian todos los argentinos.

Los honorables

De los 110.000 millones del Congreso de la Nación, el 84% se va en salarios. Un senador cuesta 200.000 dólares por mes (200 millones de pesos), y un diputado 60.000 dólares (60 millones).

La biblioteca del Congreso se lleva el 12%, con 1.300 empleados, y la imprenta el 3,8%, con 500 empleados.

Hay además otros 5.000 empleados en el Senado, entre permanentes, contratados y transitorios, y un poco más en Diputados. Son otros 10.000 salarios.

Después está una larga lista de gastos de funcionamiento, con lujos y privilegios que espantarían a un congresista escandinavo, más pasajes de avión, viáticos, RRPP, viajes, etcétera.

Otro ítem que se hizo público estos días son los asesores. En el Senado a este ranking lo lidera el santiagueño Gerardo Montenegro, un gremialista kirchnerista, que cuenta con 44 asesores. Le siguen otros cuatro kirchneristas: María Inés Pilatti Vergara (Chaco), con 40; Carolina Moisés (Jujuy), con 38; Fernando Rejal (La Rioja), con 36; y Antonio Rodas (Chaco), con 35.

Las senadoras tucumanas no están muy lejos: Sandra Mendoza tiene 26 asesores y Beatriz Ávila, 25. El recién ingresado Juan Manzur, quien sin destino político tuvo que heredar la banca de Pablo Yedlin, ya sumó siete asesores en dos meses.

Entre los 72 senadores suman 1.370 asesores. A estos se le agregan otras decenas de empleados de los bloques.

Por el lado de los 257 diputados tienen contratados a unos 2.200 empleados, un promedio de ocho por diputado.

El Poder Legislativo continúa con 24 parlamentos provinciales, 16 unicamerales y ocho bicamerales, que congregan a 1.221 legisladores, más de 600 funcionarios y autoridades, y un número indescifrable de empleados legislativos, permanentes y contratados. ¿50.000? ¿100.000? Si fuesen 100.000 serían unos 4.000 por legislatura y sabemos que al menos una decena superan ampliamente ese número.

El segmento legislativo se completa con 1.298 concejos deliberantes. Los más pequeños tienen entre 4 y 6 ediles, mientras que los más grandes superan los 40. A un promedio de 10 por Concejo habría 13.000 concejales en Argentina. ¿Empleados? Ni el Conicet podría determinar este número.

Los ejecutivos

El 68% del presupuesto que administra la Casa Rosada está destinado a la partida de Servicios Sociales. De esos $ 45.000 millones, unos $ 30.000 millones corresponden básicamente a jubilaciones y pensiones. Al resto lo completan Educación y Cultura, $ 4.800 millones; Asistencia Social, $ 4.000 millones; Salud, $ 2.600 millones; y Ciencia y Técnica $ 1.400 millones; entre otros ítems menores.

El segundo rubro más oneroso es Servicios Económicos ($ 8.800 millones), cuyos gastos más importantes incluye Energía, Combustibles y Minería ($ 4.800 millones) y Transporte ($ 2.800 millones).

Luego siguen Servicios de la Deuda Pública, que con $ 6.500 millones representa el 10% del presupuesto; Administración de gobierno, que insume $ 3.600 millones (5%); y Defensa y Seguridad, $ 3.000 millones (4,5%).

Después está el aporte del Tesoro a las 35 empresas del Estado (41 contando otros organismos, como Lotería Nacional), la mayoría de las cuales son deficitarias y algunas pocas dan ganancias, entre ellas YPF, YMAD, Administración General de Puertos, y Vehículo Espacial Nueva Generación.

El déficit operativo es del 0,8% del PBI. Las que más pierden, a valores de 2022, son AySA ($ 103 mil millones), Aerolíneas Argentinas ($ 45 mil millones), Correo Argentino ($ 40 mil millones) y Corredores Viales ($ 30 mil millones).

Según la consultora Invecq, la Argentina es el único país de la región cuyas empresas públicas tienen déficit operativo: Chile logró un superávit del 1,6% de su PBI; Colombia, del 1,1% y Brasil, del 0,7%.

Según el Indec, las empresas estatales argentinas tienen 110.000 empleados. Las compañías con más trabajadores son Operador Ferroviario (23.846); Correo Argentino (17.103), Aerolíneas Argentinas (11.954); y AySA (7.754).

Más allá de todos estos números nacionales, la verdadera caja estatal la administran las provincias, no la Nación.

Sólo para mensurar la escala, el presupuesto 2024 de Tucumán (el sexto del país) se fijó en 1,6 billones de pesos, dos veces el de todo el sistema judicial argentino.

El 60% de esa partida se destina a salarios, aunque a raíz del altísimo nivel de informalidad laboral (trabajo en negro), incluso dentro de la repartición pública y de empresas tercerizadas por el Estado, es probable que sea mayor.

El gobernador Osvaldo Jaldo restó 200.000 millones de pesos del presupuesto que había elaborado Manzur (era de 1,8 billones de pesos), y pese a semejante ajuste aún no se había reducido un solo agente estatal.

Jaldo ya eliminó medio centenar de organismos y reparticiones y la Provincia siguió funcionando con normalidad y ahora se estima que podría haber unos 10.000 empleados menos a partir del retiro voluntario.

Sin Ley de Acceso a la Información Pública los fondos públicos son insondables, no sólo los del Ejecutivo, sino también los del Legislativo y del Judicial.

En 2023 la Provincia transfirió a los 19 municipios y 93 comunas casi 200.000 millones. ¿Cuánto será en 2024?

Uno de los sectores más opacos es el de las comunas que dependen del Gobierno. Nadie sabe cuántos empleados tiene cada una y en qué gastan lo que reciben discrecionalmente. Pese a los achiques anunciados, sólo en la comuna de Cebil Redondo el Ministerio del Interior designó 67 nuevos empleados en enero. Sin documentación sobre las otras 92, es presumible que podría estar ocurriendo lo mismo.

Igual con los municipios. ¿Por qué Banda del Río Salí o Aguilares recibieron en enero el doble de asistencia financiera que Yerba Buena ($ 1.000 millones contra 500), pese a tener bastante menos población, servicios y gastos?

Esa es la aristocracia estatal, la oligarquía pública. Es ese funcionario judicial que cobra cinco millones de pesos por mes y trabaja 20 horas semanales, cuando lo hace, o ese empleado comunal que viaja en 4x4 y no conoce su oficina, o ese concejal que viaja a Europa todos los años y nunca hizo otra cosa que política.

Nadie se asombró cuando algunos testigos en el juicio contra José Alperovich contaron que a los punteros de su campaña se les pagaba con dinero del Estado. Así se van nuestros impuestos, entre miles de caciques electorales.

Esto que tediosamente describimos lo conocen cada vez más argentinos. Y más allá de los resultados que obtenga Milei, estamos convencidos de que si nada cambia el batacazo libertario será el primero de muchos otros escarmientos que se vienen.